Publicado el: 20 de marzo de 2017

La Provincia modifica un decreto de Scioli que impidió hasta ahora aplicar la Ley de Hábitat

Hace unos días un informe publicado en el Registro Público de Villas y Asentamientos elaborado por la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda manifestaba que hay 420.000 familias que viven en 1585 villas y asentamientos precarios en el territorio bonaerense.

Ley-de-Habitat

Eso sumado al crecimiento de la población marginal, donde la pobreza alcanza al 32,9%, según las duras cifras de la deuda social sobre un informe de la UCA, hace que todos los esfuerzos en materia habitacional estén centrados en lograr la aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat sancionada en 2012 y que Scioli tardó más de un año en reglamentar.

A raíz de eso se encuentra en discusión un nuevo decreto dentro del Consejo Provincial de Hábitat cuyas premisas están centradas en: impulsar una real integración socio urbana de villas y asentamientos; terminar con la matriz estructural de corrupción en la construcción de vivienda social; insertar políticas públicas transversales en los barrios para cubrir la diversidad y complejidad de las demandas; dotar a los pobladores de instrumentos ciertos de participación e información ciudadana en materia urbanística; y hacer participar a los municipios de las plusvalías urbanas para lograr mejorar el financiamiento de las necesidades públicas.

Hasta hoy una Ley que no se ha podido aplicar, porque hubo capítulos enteros que quedaron sin reglamentarse como los capítulos del derecho a la información y a la participación ciudadana y los consorcios urbanísticos. Y hubo otros capítulos, como captación de plusvalía urbana, que fueron tan mal redactados y contradictorios a lo que establecía la Ley y que estuvieron atados a criterios tributarios de recaudación fiscal, que hicieron inaplicable el verdadero sentido de la ley.

No obstante el marco legal, desde la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda ya se ha lanzado con los recursos disponibles y con una fuerte decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal y del Subsecretario, Francisco Echarren el Plan de Integración Socio-urbana en villas y asentamientos precarios (PISU).

Dicho plan prevé la intervención con mesas de gestión en 100 barrios de la provincia de Buenos Aires en el marco del capítulo de la Ley de Participación Ciudadana. Trabajar con un sistema sistematizado para relevar las posibilidades de microcréditos en cada uno de los hogares, para mejorar la vivienda, generar más habitaciones y evitar el hacinamiento.

El 2/3 del déficit habitacional es cualitativo, no es gente que necesite una vivienda nueva, sino gente que necesita mejorar la vivienda que ya tiene. Por ello es que se impulsa un programa de microcréditos en 100 barrios que se manejarán a través de organizaciones sociales y de los municipios como el banquito de la buena fe de Yunus.

También está la aprobación de un programa para la generación de suelo, para la compra con los municipios, que permitirá que, por primera vez, el Estado intervenga antes de la toma de la tierra y de los asentamientos.

A su vez, a modo de información de la problemática habitacional se coordinarán junto a las mesas del Estado en Tu Barrio que viene desplegando el gobierno provincial para acercar los trámites a los vecinos bonaerenses.

Todas estas políticas públicas en materia de hábitat y vivienda permitirán: que sea una gran manera de prevenir la inseguridad y más familias puedan vivir tranquilas y dignamente, y terminar con la matriz de corrupción estructural que se han desarrollado con las políticas de viviendas en los últimos años
Junto a estas firmes decisiones, habrá otra importante y será que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires forme parte de una reestructuración integral a través de la transparencia y eficiencia del organismo, para que los recursos lleguen a los que más los necesitan.

Estos temas que forman parte de la agenda del Papa Francisco en su encíclica Laudato si y en sus conversaciones con dirigentes políticos y sociales, son de preocupación de la Gobernadora, María Eugenia Vidal y del Subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, Francisco Echarren.

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