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CICOP afirma haber perdido 30% del salario y reclama reapertura de paritarias

El inicio del año 2020, a poco menos de un mes del cambio de gobierno, sigue presentando un escenario complejo y con enormes dificultades. El país está endeudado, las proyecciones de la inflación con la que terminará el 2019 rondan una cifra que no se alcanzaba desde 1991, los niveles de pobreza e indigencia han crecido exponencialmente y los trabajadores no hicimos más que perder poder adquisitivo y derechos, con afectación de la calidad de vida de grandes sectores de la población.

El impacto efectivo de las medidas implementadas en estos primeros días, a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en el Congreso Nacional, no puede ser evaluado aún, dado el poco tiempo transcurrido. Estuvieron básicamente direccionadas al otorgamiento de un bono a jubiladxs y pensionadxs con el ingreso mínimo y a beneficiarixs de la Asignación Universal por Hijx. Por otro lado, se suspendió la movilidad jubilatoria por 180 días y quedaron por fuera del beneficio un número importante de jubiladxs cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza.

En nuestra opinión, la carga impositiva prevista para estas medidas no recae en su mayor peso sobre quienes más tienen, aunque haya algunos tímidos avances al respecto. Está en marcha la implementación de una tarjeta alimentaria, así como el congelamiento de tarifas de servicios y de pasajes de transporte público para CABA y conurbano, como medidas que completan un cuadro con luces y sombras, y que tienen como telón de fondo las futuras negociaciones respecto a la deuda con el FMI y los acreedores externos.

En las últimas horas, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto que dispone un incremento para la mayoría de lxs trabajadorxs privadxs en relación de dependencia. Se trata de $ 3.000 para el mes de enero y $ 1.000 para el mes de febrero, de carácter parcialmente remunerativo que “deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias”. La cifra es bastante menor de la que se había dejado trascender en la semana, dando cuenta del poder de presión de empresarios y grupos concentrados de la economía, así como de las dificultades de pequeñas y medianas empresas para afrontar el pago decretado. En esa puja desigual, si no hay una intervención más fuerte desde el poder político, continuarán perdiendo lxs asalariadxs.

La medida no incluye, por ahora, al sector público. Lxs trabajadorxs estatales, de todos los niveles, fuimos lxs que más poder adquisitivo salarial hemos perdido en los últimos años, más del 30 %. En provincias y municipios, las pérdidas han sido aún mayores, resintiendo la calidad de vida de los grupos familiares, obligando al pluriempleo, afectando la salud y el desempeño laboral. Esta situación se ha agudizado en los hospitales y centros de salud donde lxs profesionales desarrollamos nuestras tareas, en desmedro del funcionamiento adecuado de los servicios y en perjuicio de la población que asistimos.

Insistimos, por otra parte, en que debe impulsarse el desarrollo de las negociaciones paritarias libres en cada sector, tanto en lo privado como en lo público, más allá de las medidas coyunturales de emergencia que se anuncien e implementen. En tal sentido, habrá que generar las condiciones para que los incrementos salariales sean coherentes con la evolución inflacionaria, además de compensar las pérdidas padecidas a lo largo de los últimos años.

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