Cuatro años después de haber asumido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que María Eugenia Vidal ha incumplido los compromisos asumidos con los trabajadores estatales en general y con los profesionales de la Salud en particular.
Durante su gestión, producto de la lucha y los conflictos que llevamos adelante, pudimos abrir año tras año la negociación paritaria por salarios y condiciones de trabajo. Los aumentos conseguidos, particularmente en los dos últimos años, fueron licuados por la inflación, convirtiendo nuestros sueldos en variables de ajuste y desalentando de ese modo el ingreso y la permanencia de nuevos profesionales en el Sistema Público de Salud bonaerense.
Las condiciones de trabajo discutidas cada vez, acordadas con lxs funcionarixs después de negociaciones dificultosas, se cumplieron escasamente. No hubo mesas técnicas que resolvieran los acuciantes problemas de recursos humanos, infraestructura, violencia y el abordaje del tema previsional. Las pocas instancias que sostuvimos fueron inconducentes y carecieron de continuidad, condenando a lxs trabajadorxs del área y a la población en su conjunto a situaciones que afectaron de una manera concreta los derechos que conquistamos a lo largo del tiempo.
La modificación del Reglamento de Residentes, que llevó varios meses de trabajo conjunto y finalmente logró plasmarse en un texto acordado en la paritaria del mes de julio, con el compromiso de entrar en vigencia a partir del 1/8/19, aún no tiene la firma de la Gobernadora Vidal. Transcurridos cuatro meses desde la paritaria, las condiciones de trabajo de lxs residentes no se han modificado por incumplimiento de la responsabilidad que les compete a las autoridades. Lo mismo ocurre con los numerosos expedientes que requieren de su firma para resolver interinatos, concursos y reclamos de diversa índole.
Uno de los ejemplos más dolorosos de acuerdos incumplidos lo constituye la situación del Hospital Oñativia de Rafael Calzada. El 17 de diciembre de 2018 fue destruido por un incendio, privando así de atención a un amplio sector de población – en gran medida, vulnerable -, que además sobrecargó a los efectores cercanos. El Ministro Scarsi se comprometió a ponerlo nuevamente en funcionamiento para mediados del año en curso, mejorando además su infraestructura. El plazo, largamente vencido, no sólo no se cumplió, sino que a la fecha, como lo denuncian sus trabajadorxs, la obra está paralizada.
En la semana que pasó, reclamamos institucionalmente, por medio de notas a los Ministerios de Trabajo, Economía y Salud que aún no han sido respondidas, tanto ser convocadxs a la discusión paritaria como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Esta desidia, que afecta gravemente el funcionamiento diario del sistema de Salud provincial, es una muestra de que, a pesar de los discursos y las frases de ocasión, el derecho de la población bonaerense a una atención sanitaria acorde a sus necesidades no estuvo ni está garantizada bajo la gestión Cambiemos.
Una transición con indicadores en rojo
El índice de inflación del mes de octubre, dado a conocer por el INDEC el pasado jueves, es del 3,3 %. Alcanza, en lo que va del 2019, un 42,2 %. Los datos duros del gobierno a cargo de la Alianza Cambiemos arrojan la caída del PBI per cápita, el retroceso del salario real de lxs trabajadorxs, la pérdida del poder adquisitivo de jubiladxs y pensionadxs, el aumento de la pobreza y la indigencia, una deuda impagable y la destrucción del aparato productivo, con la consiguiente pérdida de miles de empleos formales y no formales.
Aún faltan 23 días para que asuman nuevas autoridades, las que fueron consagradas mayoritariamente por la población en las elecciones del pasado 27 de octubre. Asumirán en un contexto de profunda crisis a nivel nacional y provincial. Para iniciar un camino que revierta la situación tendrán que tomar decisiones políticas poniendo en foco las necesidades de los sectores más vulnerables de la población y de lxs trabajadorxs. En el complejo panorama económico que atravesamos será requisito ineludible establecer prioridades en las inversiones presupuestarias.
Dentro de esas prioridades, la Salud Pública tiene un rango propio indiscutible. En el período que termina el 10 de diciembre, la condición sanitaria de la población ha empeorado y la atención en hospitales y centros de salud se ha reducido por falta de personal, de insumos y aparatología, pero también por falta de políticas de prevención y promoción de la salud. La crisis es profunda y llevará tiempo revertirla, pero será imprescindible contar rápidamente con señales claras en ese camino.
CICOP ha reclamado a todas las administraciones la imperiosa necesidad de aumentar los presupuestos para el sector con una distribución adecuada desde la programación sanitaria. Este mismo reclamo volvemos a expresar ahora ante las nuevas administraciones que asumirán la responsabilidad de gobernar en el tiempo que viene, tanto en el nivel nacional, en el provincial como en los municipios. Sin una inversión sustancial, definidamente superior a la padecida hasta ahora, el Estado no cumplirá su rol de garante del Derecho a la Salud de la población.
