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Garro presento un proyecto de ordenanza para crear el “Banco de Tierras Fiscales”

La propuesta del ejecutivo municipal pretende promover un sistema de administración e incorporación de tierras al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas que puedan ser destinadas a lotes sociales, con infraestructura, equipamiento y localización según el Plan Estratégico 2030, y accesibles en relación a las capacidades de pago de los distintos sectores de la comunidad platense.

Sobre ello, la Secretaria de Planeamiento Urbano de la Comuna, María Botta, remarcó: “Es un proyecto muy importante en lo que se refiere a política habitacional, teniendo en cuenta que pretende generar lotes con servicios públicos promovidos por el estado municipal, en el marco del plan estratégico 2030 y la Ley de Hábitat 14.449”.

El proyecto, que fue elevado al Concejo Deliberante local por el intendente Julio Garro, se enmarca en el Plan Estratégico 2030 a modo de herramienta para la transformación urbanística de la ciudad, considerando un desarrollo equilibrado de los distintos distritos y sectores que configuran el ejido municipal.

En ese sentido, se explicó que “el Banco de Tierras Fiscales sería una herramienta para administrar y planificar las tierras fiscales garantizando su accesibilidad a los diferentes sectores sociales”.

“El Acceso universal a la tierra es uno de los lineamientos estratégicos que argumentan el proyecto, haciendo foco en la vivienda, la infraestructura básica, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente”, sostuvo Botta.

Si el proyecto obtiene la aprobación del cuerpo legislativo local, el Banco de Tierras Fiscales del Partido de La Pata se encargará de gestionar las tierras de dominio municipal y controlar su estado de ocupación; formular las políticas públicas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de las mismas; y modificar y adecuar a los objetivos de la Ordenanza las normas necesarias.

Del mismo modo, intervendrá en la adquisición o enajenación de las tierras municipales; en la asignación o transferencia de su uso; en la afectación o desafectación de las mismas; en su disposición para constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social; en las expropiaciones con fines sociales; y en la fiscalización y el control de aquellas asignadas al uso de organismos y entidades del Sector Público; entre otras injerencias relacionadas.

“Elaboramos el proyecto en base a un diagnóstico urbano – social que refleja una falta de tierras urbanas, la imposibilidad del acceso por parte de muchas familias; el desequilibrio en la relación oferta y demanda, el déficit habitacional y la limitada oferta de suelo urbano formal para sectores bajos y medios, lo cual fomenta la proliferación de asentamientos en zonas de baja calidad ambiental y con deficiencias en los accesos a los servicios básicos”, concluyó la funcionaria.

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