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Médicos bonaerenses podrían ir al paro por falta de cumplimiento paritario en el medio de la cuarentena

En el medio de la pandemia y la emergencia sanitaria, después de muchos reclamos, CICOP logró que se abriera, en el pasado mes de abril, la paritaria de la Ley 10.471 para discutir salarios y condiciones de trabajo.

La propuesta integral presentada en ese ámbito incluía taxativamente una reapertura en el mes de junio, hecho que fue considerado y valorado por las asambleas seccionales como un elemento importante para la aceptación en disconformidad.

Entendiendo el dinamismo del escenario y la necesidad de recomponer una escala salarial deteriorada, la decisión de una nueva discusión en el corto plazo contenía la idea de avanzar en mejoras sustanciales de los ingresos de lxs profesionales de la Salud bonaerense.

Pero nada de esto ha ocurrido al día de hoy. La pandemia, que puso a la Salud Pública en la agenda cotidiana como nunca antes, haciendo de sus trabajadorxs protagonistas que pudieron dar cuenta de las muchas falencias de los lugares en que se desempeñan y de los problemas estructurales que arrastran, no logró, sin embargo, que los reclamos por mejoras salariales, entre otros, fueran oídos por las autoridades. Los continuos pedidos y denuncias hicieron que se avanzara con la provisión de los equipos de protección personal e insumos, situación muy dinámica que continuamos monitoreando. La participación activa del gremio en el Comité de Crisis provincial permitió obtener informaciones valiosas y denunciar los problemas no resueltos, aunque con dispar nivel de concreción efectiva. La discusión salarial, en cambio, continúa relegada.

Salarios iniciales de $ 46.000, muy por debajo de las cifras que fija como referencia la canasta básica que elabora la junta interna de ATE-INDEC, hicieron que, ante una convocatoria abierta para ingresar a los hospitales provinciales, la respuesta de lxs profesionales fuera escasa, consiguiendo apenas unos 650 sobre un total de 2500 cargos necesarios. A ello se le agrega una pirámide achatada, donde quienes llevan muchos años desempeñando su labor o han accedido por concurso a jefaturas de servicios y de salas, tampoco perciben ingresos que se condigan con la responsabilidad de la tarea que realizan.

Dotar al Sistema de Salud de mayor cantidad de camas e insumos y ampliar la infraestructura existente, así como la adecuación de nuevos espacios de atención son, sin dudas, decisiones acertadas para el tiempo que atravesamos. Pero hacerlo sin reconocer que lxs trabajadorxs que brindan atención a diario son insuficientes y están mal remunerados no fortalece el funcionamiento del sistema ni garantiza el derecho de lxs pacientes, cuestión que no es lo suficientemente resaltada.

Por otro lado, lxs trabajadorxs en estas condiciones son empujadxs al pluriempleo, en desmedro de la calidad de su trabajo y de sus propias condiciones de salud. Allí radica una de las causas más significativas del alto número de compañerxs afectadxs por Covid-19, que ascienden, según el último registro oficial, a 3.698 en los diferentes efectores, públicos y privados, de la provincia de Buenos Aires. En esta semana que pasó, tuvimos, además, que lamentar un nuevo fallecimiento, el de un profesional médico del Hospital Oñativia de Rafael Calzada.

Una situación conflictiva adicional y muy importante para un sector fundamental es la falta de pago del bono estímulo de $ 20.000 a lxs trabajadorxs del Primer Nivel de Atención y de otros estamentos provinciales como las áreas de Salud Mental y los Centros de Prevención en Adicciones (CPA). Se trata de una discriminación inaceptable hacia un gran número de compañerxs que no ha sido solucionada hasta ahora, a pesar de los muchos reclamos presentados.

Firmar acuerdos para incumplirlos y negarle al personal de Salud su derecho básico a percibir un sueldo adecuado en el medio de una pandemia son decisiones que contradicen las declaraciones de lxs funcionarixs en relación al rol fundamental de la Salud Pública en la emergencia sanitaria. Por ello, insistiremos en demandar el reinicio de las negociaciones para abordar una problemática que debiera comenzar a observar visos de resolución, en tanto a ello se han comprometido las autoridades.

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