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Murió un visitante colombiano que estaba detenido en el psiquiátrico del SPB en La Plata

En las últimas horas falleció el médico veterinario colombiano Cristian Moreno Garzón de 27 años, que estaba internado desde el 20 de diciembre con un cuadro de salud irreversible por la brutal golpiza que recibió bajo custodia del estado en la unidad penal psiquiátrica 34 de Melchor Romero.

Moreno Garzón había sido detenido arbitrariamente tras sufrir un episodio psicótico; a pesar del evidente estado de descompensación que sufría, ni la policía ni la justicia constataron el grave padecimiento de salud mental y lo encarcelaron.

La semana pasada, a partir de la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el joven colombiano recibió la libertad. La muerte de Cristian dejan en evidencia la grave crisis de la atención de la salud mental: la criminalización y manicomialización matan. La indolencia, desidia e ilegalidad judicial también.

El médico veterinario colombiano Cristian Moreno Garzón había llegado a Argentina en 2019 para estudiar un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Vivía en una pensión de La Plata, dónde fue aprehendido por la policía bonaerense tras sufrir un cuadro psicótico repentino. La policía y la justicia desestimaron durante días su padecimiento de salud mental, le impidieron la asistencia médica inmediata y lo encarcelaron. En ese estado fue indagado por la fiscalía sin la asistencia de un abogado defensor. En la UP 34 recibió una brutal golpiza que lo dejó con un cuadro de salud irreversible.

El joven murió luego de estar casi un mes internado en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. La madre que viajó desde Colombia para estar con su hijo, espera los trámites con el Consulado para repatriar los restos de Cristian.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso en enero y, desde entonces, acompaña a su mama en las intervenciones judiciales y también con las autoridades del Consulado.

Desde el primer contacto con la causa, la CPM denunció que el caso de Cristian evidenciaba, en toda su brutalidad, las graves violaciones de derechos humanos generadas por el incumplimiento de los distintos organismos estatales que incumplen la ley nacional de salud mental. La criminalización del padecimiento mental puede terminar en la muerte.

Cristian fue víctima de toda la cadena punitiva: la policía, la justicia y el servicio penitenciario, eslabones de esa cadena, que sumo al hospital público en este caso. Luego de sufrir el episodio psicótico, y a pesar de la evidente descompensación, el joven colombiano fue aprehendido y trasladado a la comisaría 2ª. Allí el médico policial lo atendió y en ese estado permitió su ingreso a la dependencia. Un día después, la titular de la UFI 15 de La Plata, Cecilia Corfield le tomó declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor y consignó en el acta que se negaba a declarar.

Recién 48 horas después de su detención, fue derivado a la guardia de salud mental del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde un equipo interdisciplinario lo atendió, constató el padecimiento del joven pero no lo dejo internado. Por el contrario, y a pesar del diagnóstico, Cristian fue realojado en la dependencia policial.

Tuvieron que pasar otras 24 horas hasta que el juez de garantías Guillermo Atencio dispusiera la internación provisional en la unidad penal psiquiátrica 34 de Melchor Romero. Al ingresar a la cárcel, en sanidad, Cristian recibió una brutal golpiza que se encuentra bajo investigación penal. Lo que queda claro es la responsabilidad de los profesionales de la salud y agentes penitenciarios que no cumplieron con su deber de resguardar la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia.

Este caso evidencia un hecho que ocurre cotidianamente en las cárceles manicomios, como la unidad 34 de Melchor Romero, la ausencia de cuidado y asistencia médica es una constante.

Cristian murió en libertad. El jueves pasado, tras una intervención de la CPM, la jueza de Garantías Marcela Garmendia dictó su sobreseimiento.

Ahora es indispensable que la justicia avance de manera profunda en la investigación por su muerte y que se analice la responsabilidad de todos los funcionarios que arrojaron a Cristian a este final.

Al mismo tiempo, se deben tomar de manera urgente todas las medidas necesarias para que la actuación de la justicia y las fuerzas de seguridad y custodia, cumplan con la ley de salud mental, y eviten que la criminalización y manicomialización sigan produciendo muertes evitables.

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